Tras obtener la mayoría en el Congreso el lunes, los republicanos se están moviendo rápidamente para castigar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus órdenes de arresto sin precedentes contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exjefe de defensa.
Encabezada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast (republicano por Florida), y el representante Chip Roy (republicano por Texas), la “Ley de Contrarrestación de Tribunales Ilegítimos” va mucho más allá de una mera protesta simbólica. Si se aprueba, desencadenaría una cuenta regresiva integral de 60 días para implementar sanciones contra cualquier funcionario de la CPI que participe en investigaciones no solo sobre Israel sino también sobre otros aliados cercanos, como Japón y Australia.
“Quizás no los reconozcamos, pero ustedes seguro que reconocerán lo que ocurre cuando atacan a Estados Unidos o a sus aliados”, dijo Mast. “El intento de la CPI de obstruir el derecho de Israel a defenderse sólo ha prolongado la guerra e impedido la liberación de rehenes estadounidenses al levantar la moral de Hamás”.
Mientras tanto, Roy cree que no se trata sólo de Israel, sino también de proteger los intereses de Estados Unidos mientras el presidente electo Trump se prepara para asumir el cargo el 20 de enero.
“Si bien tengo plena confianza en que el presidente Trump defenderá a Israel con la fuerza y la claridad moral de las que Biden ha carecido dolorosamente, este proyecto de ley garantizará que ninguna administración futura después de él pueda darle a la CPI un pase libre para atacar a nuestros aliados de esta manera”, dijo.
El proyecto de ley también pretende cortar por completo el apoyo de los contribuyentes a la corte rescindiendo los fondos existentes y prohibiendo futuras contribuciones. Según The Hill, la legislación finalizada podría llegar al pleno de la Cámara el jueves.
El año pasado, unos 40 moderados apoyaron una medida similar, pero ésta fracasó en el Senado de Chuck Schumer, controlado por los demócratas. Ahora, con el control republicano consolidado, el camino parece despejado para enseñarle finalmente a la CPI cómo es la verdadera justicia.
