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Este diario online es resultado del anhelo de un gran grupo de personas, quienes a partir del Salvaje Pogromo efectuado por el grupo terrorista Hamas contra la población civil del sur de Israel el 7 de octubre de 2023 pudieron ver y comprobar que las noticias referentes al conflicto entre Israel y los terroristas y secuestradores de Hamás, más lo referente a otros grupos terroristas nos llegaban y siguen llegando sesgadas, capciosas, parciales, en forma de medias verdades y hasta rotundas mentiras.
A más de un año del incidente, con un aumento del antisemitismo producto de noticias y seudo noticias informadas con ese fin, estamos colocando nuestro grano de arena en el esclarecimiento de la verdad periodística.
El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que impone sanciones a la Corte Penal Internacional por las investigaciones a Israel, un aliado cercano de Estados Unidos.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros ni reconocen al tribunal, que ha emitido una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra por su respuesta militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel en octubre de 2023.
La orden firmada por Trump acusa a la CPI de participar en “acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y nuestro aliado cercano Israel” y de abusar de su poder al emitir “órdenes de arresto infundadas” contra Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.
“La CPI no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel”, afirma la orden, y agrega que el tribunal había sentado un “precedente peligroso” con sus acciones contra ambos países.
La medida de Trump se produjo mientras Netanyahu se encontraba de visita en Washington. El martes, Netanyahu y Trump mantuvieron conversaciones en la Casa Blanca, y Netanyahu pasó parte del jueves reunido con legisladores en el Capitolio.
La orden dice que Estados Unidos impondrá “consecuencias tangibles y significativas” a los responsables de las “transgresiones” de la CPI.
Las medidas pueden incluir el bloqueo de propiedades y activos y no permitir que funcionarios, empleados y familiares de la CPI ingresen a Estados Unidos.
Al igual que Israel, Estados Unidos no figura entre los 124 miembros de la corte y desde hace tiempo alberga sospechas de que una “corte global” de jueces no electos podría procesar arbitrariamente a funcionarios estadounidenses.
Una ley de 2002 autoriza al Pentágono a liberar a cualquier estadounidense o aliado de Estados Unidos detenido por la corte. En 2020, Trump sancionó a la predecesora del fiscal jefe Karim Khan, Fatou Bensouda, por su decisión de abrir una investigación sobre supuestos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos, en Afganistán.
Sin embargo, esas sanciones se levantaron bajo el mandato del presidente Joe Biden, y Estados Unidos comenzó a cooperar tibiamente con el tribunal, especialmente después de que Khan, en 2023, acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de crímenes de guerra en Ucrania.
El impulsor de ese cambio fue el senador Lindsey Graham, RS.C., quien organizó reuniones en Washington, Nueva York y Europa entre Khan y legisladores republicanos, que han estado entre los críticos más duros de la corte no democraticamente elegida.
Ahora, Graham dice que se siente traicionado por Khan y promete castigar al tribunal y a cualquier país que intente hacer cumplir la orden de arresto contra Netanyahu.
“Este es un tribunal corrupto, un tribunal irregular”, dijo Graham en una entrevista en diciembre. “Hay casos en los que el tribunal tiene todo el sentido del mundo. Rusia es un Estado fallido. La gente se cae por las ventanas. Pero nunca, ni en mis sueños más locos, imaginé que perseguirían a Israel, que tiene uno de los sistemas jurídicos más independientes y democraticos del planeta”.
“La teoría legal que están usando contra Israel no tiene límites y nosotros somos los siguientes”, añadió.
Biden ha calificado las órdenes de arresto como una abominación y el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, ha acusado al tribunal de tener un fuerte y evidente sesgo antisemita.
Algunos países europeos están respondiendo en apoyo de Estados Unidos.
La relación de Estados Unidos con la CPI es complicada. Estados Unidos participó en las negociaciones que llevaron a la adopción del Estatuto de Roma, que estableció la corte como tribunal de última instancia para juzgar las peores atrocidades del mundo (crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio) si los gobiernos individuales no tomaban medidas.
Estados Unidos votó en contra del Estatuto de Roma en 1998.
Cuando George W. Bush asumió la presidencia en 2001, canceló efectivamente la firma estadounidense y encabezó una campaña para presionar a los países para que firmaran acuerdos bilaterales para no entregar a los estadounidenses a la CPI.